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Julia, una venezolana de 64 años que sufre de hipertensión arterial, prefirió pagar 20 dólares por una vacuna clandestina contra el COVID-19 antes que esperar semanas o meses más por su turno en el plan de inmunización del gobierno de Nicolás Maduro.
Recibió la vacuna hace pocos días en un Centro de Diagnóstico Integral, administrado por el gobierno de Nicolás Maduro, en una ciudad oriental de Venezuela. Una enfermera que había atendido a su esposo durante una complicación oncológica, un año atrás, le ayudó a conseguir “la cita”.
“Sentía que, si no lo hacía, no iba a llegar a vacunarme tan pronto”, admite a la Voz de América. “Me sentí con miedo de contagiarme y complicarme. Por eso, cuando se dio esa opción, inmediatamente dije que sí”, argumenta.
Julia asegura que conoce a venezolanos que han pagado hasta 200 dólares por una vacuna como la que ella consiguió en un mercado clandestino que hoy se camufla en las instituciones de los servicios de salud del país suramericano.
El gobierno venezolano ha experimentado retrasos en su plan de vacunación contra el nuevo coronavirus, según voceros de academias y gremios sanitarios. Lo atribuye al “bloqueo económico” y a la confiscación de activos en el exterior de parte de gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea.
La Academia Nacional de Medicina denunció que la cantidad de vacunas recibidas, enviadas esencialmente por aliados de Maduro, como Rusia y China, es “insignificante” comparada con la meta de 15 millones de personas, que es el equivalente a 70 por ciento de la población adulta.
La administración de Maduro ha anunciado la llegada desde inicios de año de dos millones 750.000 dosis de las vacunas de Rusia y de China, pero voceros de la oposición y de las organizaciones médicas del país critican la opacidad, lentitud e inexistencia del plan de vacunación en los 23 estados y la capital.
El domingo, Maduro se declaró esperanzado de que el plan de vacunación avance “de una manera definitiva” entre junio y agosto, para lograr a final de año “la liberación de la vida social”, es decir, la flexibilización de la cuarentena.
También con ese fin, anunció el mes pasado el pago de la mitad de los 120 millones de dólares necesarios para recibir 11,5 millones de vacunas del mecanismo COVAX, una iniciativa global que busca repartirlas equitativamente para beneficiar al 20 por ciento de la población de los países participantes.
Venezuela experimenta un pico de la enfermedad, entretanto. Voceros del poder ejecutivo de Maduro, entre ellos el mismo presidente, reportan un promedio de 2.000 contagios diarios en todo el país, mientras expertos advierten de un subregistro de casos positivos por COVID-19 debido a la falta de pruebas diagnósticas.
Y, en ese contexto, nace el “desespero” de la gente por obtener su vacuna mediante prácticas ilegales e inseguras, advierte Huníades Urbina, pediatra, intensivista y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
“Es motivado a la falta de transparencia del ministerio de Salud sobre un plan de vacunación. Hay mucha angustia y desespero, y empieza a producirse ese mercado negro típico en situaciones de esta naturaleza”, afirma a la VOA.
La desconfianza
El doctor Urbina alerta sobre la posibilidad de que, primero, las vacunas sean extraídas de la custodia del gobierno venezolano; luego, no hayan mantenido la cadena de frío para su preservación; o que, finalmente, no se trate siquiera de una dosis para inmunización, sino de una solución acuosa cualquiera que no proteja.
En marzo, el poder judicial venezolano notificó el arresto de cuatro venezolanos por la reventa de vacunas contra el COVID-19 por 280 dólares en una página web. Según la nota oficial, los detenidos tenían en su vivienda frascos de otras sustancias químicas, como tramadol, meropenem y bromuro de rocuronio.
Ese mercado clandestino no es exclusivo de Venezuela, pues se han conocido denuncias similares en países como México y Perú, dice Urbina. “Los donantes de dinero y vacunas entran en desconfianza al saber estas noticias, que afectan la imagen de Venezuela en el extranjero”, señala en referencia a sus consecuencias.