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La candidata del correísmo, Luisa González, no reconoció los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Ecuador, que dieron como ganador a Daniel Noboa con el 56 % de los votos. González, que obtuvo el 44 %, denunció una serie de irregularidades que —aunque no constituyen un fraude comprobado— sí plantean serias dudas sobre la transparencia y equidad del proceso.
Uno de los puntos más polémicos fue la decisión del gobierno de imponer un estado de excepción apenas 24 horas antes de la segunda vuelta electoral. La medida restringió derechos fundamentales como la libertad de reunión y de circulación en siete provincias, varias de ellas bastiones históricos del correísmo. Además, se estableció un toque de queda nocturno en más de 20 ciudades. La excandidata denunció que esta estrategia del oficialismo apuntó directamente a limitar la participación electoral en territorios donde ella tenía ventaja.
A esto se suma el bloqueo de acceso al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, según González, impidió a sus delegados fiscalizar adecuadamente el conteo de votos.
En un giro polémico, el CNE también tomó la decisión inédita de prohibir el uso de teléfonos celulares durante la votación. Esta medida, que se basó en informes de inteligencia policial, alegó que durante la primera vuelta, celebrada el 9 de febrero, hubo denuncias de extorsión a votantes. La sanción por infringir esta norma incluía multas de hasta 32.900 dólares. Para la oposición, esta restricción podría haber servido como herramienta para controlar el flujo de información y limitar la capacidad de los votantes de denunciar irregularidades en el momento.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), en su informe preliminar sobre las elecciones, también cuestionó varios aspectos del proceso. En particular, expresó su preocupación por las restricciones impuestas por el Ejecutivo, como el estado de excepción y las limitaciones al uso de celulares, que pudieron haber afectado la transparencia y la libre participación de los votantes. Además, observó que el presidente Daniel Noboa no solicitó la licencia correspondiente para realizar campaña electoral, sino que notificó ausencias temporales, contraviniendo la normativa electoral ecuatoriana. La Asamblea Nacional, el pasado 31 de marzo, le recordó que, según el artículo 146 de la Constitución, es este órgano el único competente para otorgar licencias, y en ningún momento habían recibido dicha solicitud.
En una de sus conclusiones más fuertes, la misión de la OEA advirtió que «el proceso estuvo marcado por condiciones de inequidad durante la campaña, así como por indicios de usos de recursos públicos y del aparato estatal con fines proselitistas. Estas prácticas afectan la competencia en la contienda y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.»
Desde el oficialismo se apresuraron a desestimar las denuncias, mientras que misiones internacionales —como la OEA y la Unión Europea— validaron el proceso. Sin embargo, el contexto de militarización, la falta de garantías plenas y el uso del aparato del Estado para condicionar el voto, dejan serias preguntas abiertas.
Aunque hasta ahora no se ha presentado evidencia técnica de un fraude estructurado, la percepción de manipulación y las maniobras del gobierno previo a la votación debilitan la legitimidad de un proceso que debería haber sido impecable.
América 24Horas