Denys Zaporozhchenko (izq.) se reúne con sus hijos Nikita, Yana y Dayana (der.) después de que el autobús que los transportaba, junto con más de una docena de niños más, de regreso del territorio ocupado por Rusia, llegara a Kiev el 22 de marzo de 2023| Getty Images
El régimen de Vladimir Putin continúa su ataque sistemático contra el pueblo ucraniano, y uno de los aspectos más atroces de esta invasión a gran escala ha sido la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia. Según las autoridades ucranianas, más de 19,000 niños han sido secuestrados y deportados desde el inicio de la guerra. Esta cifra, que solo refleja los casos oficialmente registrados, es solo una fracción del verdadero horror que está ocurriendo. Rusia, por su parte, ha llegado a afirmar que hasta 700,000 niños ucranianos han sido secuestrados, lo que plantea una magnitud aún más espantosa de este crimen de guerra.
Con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y en coordinación con el Estado de Qatar, que actua como mediador, Ucrania ha podido traer a casa a 1.256 niños que fueron deportados desde los territorios ocupados temporalmente por Rusia.
Este acto de brutalidad sistemática es un claro intento de borrar la identidad cultural ucraniana y de someter a las generaciones más vulnerables del país a una reeducación forzada. Estos niños, arrancados violentamente de sus hogares y de su entorno, son llevados a territorio ruso, donde se les niega su nacionalidad, sus raíces y sus derechos. La deportación forzada de menores está prohibida por el derecho internacional y constituye una violación flagrante de la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege a los menores contra la separación forzada de sus familias y la traslación de su identidad.
El 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió una histórica orden de arresto contra Vladimir Putin y la Comisionada de los Derechos del Niño de Rusia, Maria Lvova-Belova, por su responsabilidad en la deportación ilegal de niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia. Esta acción judicial subraya la gravedad del crimen cometido, dejando claro que la comunidad internacional no tolerará la violación sistemática de los derechos de los niños ucranianos. A pesar de esta orden, Putin y Lvova-Belova siguen gozando de impunidad dentro de Rusia, donde se perpetúa la política de secuestro y reubicación forzada de menores.
Vladimir Putin y la comisionada rusa para los derechos humanos,Maria Lvova-Belova
La acción de Rusia, liderada por un Putin cada vez más aislado en su locura imperialista, no solo es un ataque contra la soberanía de Ucrania, sino un ataque directo contra los derechos humanos más fundamentales. Estos niños, arrancados de sus hogares en medio de la guerra, son sometidos a una reeducación ideológica destinada a destruir su identidad ucraniana y hacerlos parte de un futuro ruso. Este tipo de práctica recuerda los peores horrores de la historia, como el secuestro y la «reeducación» de los pueblos indígenas o las políticas de asimilación forzosa de tiempos pasados.
Lo que Putin no comprende es que los crímenes que comete contra los niños de Ucrania no quedarán impunes. A pesar de sus intentos por ocultar la magnitud de sus crímenes, las denuncias de secuestro y deportación de niños están siendo documentadas y serán juzgadas en los tribunales internacionales. La Corte Penal Internacional (CPI) ya ha puesto la mirada sobre estos crímenes, y la comunidad internacional no puede permitir que el dictador ruso siga actuando con total impunidad.
El gobierno de Ucrania, de la mano de Canadá, lideran una Coalición de más de 30 países que tiene como objetivo que los niños ucranianos regresen a sus familias y comunidades. La Coalición también centrará sus esfuerzos en apoyar su reunificación familiar.
No hay excusa que justifique el secuestro y la deportación forzada de menores, no importa cuán grande sea el poder o la influencia de quien lo lleve a cabo. Putin está cometiendo un crimen de guerra que debe ser condenado de manera unánime, y es imperativo que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
Mientras tanto, los padres ucranianos que han perdido a sus hijos en esta barbarie, las familias que han sido destrozadas, y los niños que han sido arrancados de su hogar, siguen viviendo un dolor indescriptible. Este crimen de lesa humanidad debe ser detenido, y la comunidad internacional tiene la obligación moral de asegurarse de que Rusia rinda cuentas por su barbarie.