SOTA
La Fiscalía General de Rusia dijo el 16 de mayo que había calificado al medio de noticias independiente SOTA de «organización indeseable» en medio de una represión en curso contra los medios libres.
La razón para incluir a Sota Media en el registro de organizaciones «indeseables» en Rusia fue, según la Fiscalía Estatal de la Federación de Rusia, que los materiales de la publicación supuestamente «no representan más que intentos francos de desestabilizar la situación sociopolítica en Rusia, distorsionar las circunstancias que tuvieron lugar en la vida de nuestro país, crear tensión e irritación en la sociedad».
La fiscalía, controlada por el Kremlin, también cree que la publicación “distribuye regularmente materiales que desacreditan las acciones de los órganos gubernamentales y del ejército ruso”.
Los editores de Sota Media, por su parte, informaron que la publicación seguirá operando en Rusia a pesar de su condición de “organización indeseable”.
La ley de «organizaciones indeseables», adoptada en 2015, apunta a ONG y medios de comunicación que reciben financiación de fuentes extranjeras.
Actualmente, en Rusia hay más de 150 organizaciones en la lista de “indeseables”
Los funcionarios rusos han utilizado la designación, que se amplió en 2021, para marginar a decenas de organizaciones extranjeras. En febrero, Rusia calificó a Radio Free Europe/Radio Liberty de «organización indeseable»
El registro de “indeseables” incluye organizaciones cuyas actividades, según las autoridades rusas, suponen una amenaza para los fundamentos del orden constitucional, la seguridad o la capacidad de defensa del país. La inclusión en la lista significa que la organización tiene prohibido operar en el país y los ciudadanos rusos tienen prohibido colaborar con ella bajo amenaza de proceso penal. Por la cooperación con organizaciones «indeseables» y por su financiación en Rusia, se prevé responsabilidad penal: hasta cinco años de prisión.
Al menos desde 2012, cuando Putin regresó a la presidencia después de un período interino de cuatro años como primer ministro, el gobierno ha presionado a la sociedad civil, las ONG, los grupos de derechos humanos, los medios independientes y otros. Decenas de personas y organizaciones han sido incluidas en listas negras, amenazadas con ser procesadas, quebradas o expulsadas del país.
La guerra en Ucrania aceleró aún más el avance hacia políticas de estado policial, en las que los legisladores criminalizan a cualquiera que cuestione la guerra o exprese su oposición.