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La Comisión Europea ha anunciado el miércoles sanciones por un total de 700 millones de euros contra Apple y Meta al considerar que ambas compañías han vulnerado las obligaciones impuestas por la Ley de Mercados Digitales (DMA), vigente desde marzo de 2023. Se trata de las primeras multas aplicadas bajo este reglamento, diseñado para frenar las prácticas anticompetitivas de los llamados “guardianes” digitales.
Apple deberá pagar 500 millones de euros tras concluirse que restringía la libertad de los desarrolladores al impedirles redirigir a los usuarios hacia métodos de pago alternativos fuera de su App Store. Por su parte, Meta ha sido sancionada con 200 millones de euros por su sistema de “pago o suscripción voluntaria” en Facebook e Instagram, que obligaba a los usuarios a pagar o consentir el uso de sus datos personales para mantener el servicio.
Ambas empresas cuentan con un plazo de 60 días para corregir las prácticas sancionadas; de no hacerlo, se enfrentarán a multas adicionales que podrían alcanzar hasta el 10 % de su facturación diaria por reincidencia. Esta vía de actuación refuerza el poder de la Comisión para asegurar el cumplimiento continuo de la DMA.
En respuesta, Apple ha anunciado su intención de apelar, calificando la decisión de “persecución injusta” y advirtiendo que podría socavar la privacidad y seguridad de sus usuarios. Meta, por su parte, ha tildado la multa de “arancel multimillonario” y acusa a la UE de favorecer una competencia desigual al no castigar de igual modo a empresas chinas o europeas.
El portavoz de la Comisión Europea Thomas Regnier recordó que la normativa se aplica por igual a todas las plataformas que operen en el mercado único europeo, “sin importar su origen”. Estas sanciones llegan tras otra multa de 1 800 millones de euros impuesta a Apple en marzo de 2024 por prácticas similares investigadas antes de la entrada en vigor de la DMA.
Meta afronta además una demanda colectiva en Francia, presentada por más de 200 medios, que le reprochan el uso de datos de usuarios sin consentimiento para publicidad dirigida. Expertos advierten de que esta firmeza regulatoria podría tensionar las relaciones transatlánticas y tener un impacto global en los modelos de negocio de las grandes tecnológicas.