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El Parlamento húngaro, dominado por el partido ultraconservador del primer ministro Viktor Orbán, aprobó este lunes una serie de reformas constitucionales que representan un duro golpe contra los derechos de la comunidad LGBTQ+ y refuerzan el poder del Estado sobre la ciudadanía.
Las enmiendas, aprobadas con amplia mayoría, incluyen medidas como:
Reconocimiento legal exclusivo de hombres y mujeres, excluyendo a personas transgénero e intersex de cualquier forma de protección o reconocimiento jurídico.
Prioridad al “desarrollo moral de los niños”, una cláusula ambigua que permite al gobierno restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión o reunión. Con esta base legal, las autoridades ya han comenzado a prohibir marchas del orgullo y actividades vinculadas a la diversidad sexual.
Prohibición de eventos LGBTQ+, bajo el pretexto de evitar la «propaganda» sobre cambio de género u homosexualidad. Las multas por participar en estas actividades pueden alcanzar los 500 euros. Además, la policía ahora puede usar tecnología de reconocimiento facial para identificar a los asistentes.
Suspensión de la ciudadanía: cualquier persona con doble nacionalidad que sea considerada una «amenaza para la seguridad nacional» puede perder su ciudadanía húngara y ser expulsada del país, una medida que ha generado preocupación entre activistas y organismos internacionales.
Las nuevas disposiciones fueron aprobadas en medio de protestas frente al Parlamento. Legisladores opositores intentaron bloquear las entradas al edificio, sin éxito. Desde Bruselas y varias capitales europeas se han alzado voces de alarma, advirtiendo que Hungría se aleja cada vez más de los principios democráticos y los derechos humanos.
Con información de Current Time