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Durante 2024, Irán ejecutó al menos a 972 personas, situándose como el país con más ejecuciones registradas en el mundo, según un informe reciente de Amnistía Internacional. Las autoridades iraníes justificaron estas penas capitales principalmente con cargos relacionados al tráfico de drogas o a supuestas amenazas contra la seguridad del Estado.
La organización internacional denunció que muchos de los procesos judiciales carecieron de garantías básicas y se basaron en confesiones extraídas mediante tortura o malos tratos. Varios de los condenados no tuvieron acceso a representación legal adecuada ni a juicios transparentes. Uno de los casos más alarmantes fue el de un joven con discapacidad mental, ejecutado tras haber sido detenido en el contexto de las protestas por la muerte de Mahsa Amini.
El informe también destaca que Irán, junto a Arabia Saudita e Irak, fue responsable del 91% de todas las ejecuciones a nivel mundial. Amnistía subraya que estas penas se aplican de manera desproporcionada contra las minorías étnicas y religiosas, y como herramienta de represión política.
El uso sistemático de la pena de muerte en Irán ha sido fuertemente criticado por organizaciones de derechos humanos, que llaman a la comunidad internacional a presionar por reformas legales y por el respeto al debido proceso.
El informe señaló que las cifras totales no incluyen «miles de personas que se cree fueron ejecutadas en China, que sigue siendo el principal verdugo del mundo, así como en Corea del Norte y Vietnam, que también se cree que utilizan ampliamente la pena de muerte», según la organización.